Diagnóstico de la situación actual. Parte IV

La situación económica actual es un elemento político a tener en cuenta en el futuro próximo, dada su influencia sobre el bienestar general y la gran preocupación que supone para los ciudadanos. Para muestra, un botón. El CIS siempre recoge al paro como la primera preocupación de los españoles.

Lo que sucede en este momento, a juicio de muchos y de los ciudadanos en general es una situación de crisis provocada por los mercados internacionales que ahogaron financieramente a España al dejar de prestar dinero. Cierto, muy cierto. Pero esa no fue la causa. La realidad ha sido una economía sobrecalentada desde 1998, con un Gobierno (del PP) que no fue capaz de plantear un crecimiento económico basado en otro modelo que no fuese la construcción residencial. También es cierto que el Gobierno actual no quiso matar la gallina de los huevos de oro y no procedió a las reformas tan necesarias. En el fondo, nadie quiere ser el culpable de tener que señalar las vergüenzas.

Si hacemos memoria, el año 1998 fue el año del inicio del boom inmobiliario. En ese año se publicaron dos leyes que luego vendrían a ser la causa de nuestros males. En primer lugar, se aprobó la Ley del IRPF (Ley 40/1998), que introdujo fuertes deducciones por la compra de vivienda unido a unos bajos tipos de interés. Comprar era lo más interesante porque "ahorrabas" en la declaración de la renta. En ese mismo año se aprobó la Ley del Suelo (Ley 6/1998), que supuso un cambio de paradigma en nuestra política urbanística que a la postre ha tenido que ser corregido. Esa ley permitía que cualquier suelo rústico que no tuviese protección especial pasara a ser urbanizable. ¡¡Blanco y en botella!!. Al final, resultó que se empezaron a construir en un mercado que lo compraba todo miles y miles de viviendas que tenían su origen en suelos rústicos pero que generaban cuantiosas plusvalías para los propietarios del suelo, los agentes urbanizadores -promotores- y los compradores con la reventa, sin decir nada de los políticos corruptos.

El origen de la Ley del Suelo del año 98 es una Sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que había derogado gran parte de la Ley del Suelo de 1992, porque invadía las competencias autonómicas en materia de urbanismo. Sin embargo, se aprovechó para introducir una nueva concepción del suelo como un bien a transformar tal y como se hace en las repúblicas bananeras. Nadie logró comprender -y mucho menos el PP- que nosotros vivimos en un país desarrollado y urbanizar nuevos suelos exige pagar todos los costes de urbanización, lo cual los promotores intentan no hacer. Por eso, hay urbanizaciones -dígase Francisco Hernández El Pocero- que por no tener, no tienen ni agua. Les aconsejo que vean algunas barbaridades de ese calibre. Pero lo que importaba es que era dinero.

Ese dinero del urbanismo era tanto que nutría fácilmente las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas. Nunca se recaudó tanto con tan poco esfuerzo. Claro está, ahora hay impuestos que perdieron el 50% de su capacidad recaudatoria. Y no olvidemos que en el ámbito local, además de la Participación en los Ingresos del Estado y otras transferencias autónomicas, tenemos una fuerte fiscalidad inmobiliaria como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -que todos conocemos como Plusvalía- y las licencias por obras.

Con la nueva Ley "de" Suelo, que no "del" Suelo, (Ley 8/2007 y Texto Refundido por el Real Decreto Legislativo 2/2008), todo ese suelo rústico que era urbanizable ahora dejará de serlo y sólo podrá ser urbanizable el suelo que así determine la Administración Local en su plan general, que obviamente siempre será mucho menos. Se acabaron los cultivos de patatas convertidos en inversiones mil millonarias, y se acabaron las urbanizaciones sin servicios. Claro está, también se acabaron los ingresos municipales -más cuantiosos en suelo urbanizable porque además el ayuntamiento se llevaba entre un 10 y un 15% del aprovechamiento tipo- porque ya no interesa construir. Vuelve a ser un actividad de alto riesgo.

Con este panorama, Cambre tiene problemas. Realmente, nunca interesó desarrollar Cambre urbanísticamente y aumentar la población rápidamente como en ayuntamientos limítrofes del área metropolitana. Perdió su oportunidad y ahora tendrá que reorientarse para crecer. Sin embargo, tampoco se saturó cargada de edificios acabados y a medio construir, lo que le permite una opción de modernidad que otros no podrán porque ya están copados por el ladrillo.

Cambre, como cualquier otro ayuntamiento, necesita mejorar su financiación y ésta no se podrá basar directamente en el ladrillo. Ahora bien, el RDL 2/2008 le concede una oportunidad de crecer en otro ámbito, que es el suelo industrial. Puede ser un sustituto, aunque imperfecto, más interesante que la vivienda residencial. Porque el suelo industrial atrae población, pero también atrae actividad económica.

Y Cambre necesita actividad económica. Esa actividad que genere puestos de trabajo y mantenga las familias. Puede hacerse, y el PSOE tiene una oportunidad de demostrar que es el único que tiene una alternativa real y válida para todos los ciudadanos.